Aclarar que la discriminación de género es un elemento central en la comisión de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas refuerza las obligaciones de los estados para trabajar hacia la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas como parte de sus responsabilidades para proteger y promover los derechos humanos universales.
En estos casos, la comunidad humanitaria tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad, el bienestar y los derechos de las personas en riesgo de violencia de género, independientemente de si existen datos sobre el verdadero alcance del problema. Es probable que los datos disponibles sobre la violencia de género, incluidos informes de la policía, jurídicos, médicos o de otras fuentes, sólo representen una proporción muy pequeña del número real de incidentes de violencia de género. Por lo tanto, se debe asumir que la violencia de género será un problema en toda situación de emergencia, lo que requiere que todos los actores humanitarios (por ejemplo, las personas que trabajan dentro y fuera de los sectores de agua y saneamiento, salud, nutrición, logística, educación, protección, etc.) tomen medidas para hacerle frente.
En caso de emergencia, los sistemas de protección de la infancia –incluidas las leyes, políticas, normas y servicios en todos los sectores sociales, en especial de bienestar social, educación, salud y seguridad– se debilitan e interrumpen. El desplazamiento y la separación de las familias y las comunidades colocan a las mujeres y las niñas en mayor riesgo de violencia y abuso. La violencia sexual puede ser utilizada como método de guerra para brutalizar e infundir miedo a la población civil.
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